ENTREVISTA PUBLICADA EN SEGUNDO CUERPODIARIO EL CENTRO DOMINGO 6 DE AGOSTO DE 2006AUTOR: PERIODISTA RODRIGO JIMENEZ"La gente no ha valorado el papel fundamental que tiene un abogado defensor, dice la autoridad".• “No hay secretismos. Los jueces tiene que fundamentar las resoluciones y como son juicios orales, todos escuchan lo que está discutiéndose. Es una tarea ejecutiva y pedagógica e invito a la ciudadanía a concurrir a las audiencias”.El Defensor Nacional, Eduardo Sepúlveda, visitó la capital maulina para cumplir con una apretada agenda. Más bien se vino a "presentar", como manifestó a Diario EL CENTRO, puesto que lleva sólo pocos meses en el importante cargo en el que fue nombrado en marzo por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
Pese a sus compromisos, se dio el tiempo para hablar de la situación en que se encuentra la Defensoría Nacional, la regional y el futuro de los defensores licitados, quienes ahora deberán rendir hasta un examen si quieren adjudicarse un paquete de causas.
Como miembro del Foro Penal, vislumbra que un nuevo Código Penal se ve lejano en el país, puesto a que hay mucho que discutir. Sobre la cárcel en Talca, lo considera urgente, pero no es el camino para que la delincuencia disminuya en la zona.
De acuerdo a la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 58,3 dijo que no conocer la Reforma Procesal Penal en la Región del Maule que es una de las primeras en donde se aplicó la reforma procesal penal ¿Cuál podría ser el motivo? “Es importante entender que la cultura jurídica de un país se va construyendo día a día. El procedimiento penal antiguo estuvo vigente desde 1905 y hasta ahora el 2005 quedaban en nuestro país algunas regiones. Es decir, se aplicó durante 100 años, entonces, lo más probable es que la ciudadanía conoce el sistema antiguo y entonces hay un proceso de conocimiento de los procesos que es lento para que vaya asentándose la nueva cultura jurídica… Hay mucho que avanzar. Hay oportunidades muy importantes para que la ciudadanía conozca los procesos. Todas las audiencias son públicas. No hay secretismos. Los jueces tienen que fundamentar las resoluciones y como son juicios orales, todos escuchan lo que está discutiéndose. Es una tarea ejecutiva y pedagógica e invito a la ciudadanía a concurrir a las audiencias, a conocer, porque esto tiene que ver con una función pública muy importante…”.
DEFENSORES ESTIGMATIZADOSEsta falta de comunicación y compresión de la gente, ¿se refleja en que la Defensoría Penal Pública regional obtenga una nota regular que obtuvo un 37,1 por ciento de adherencia, según el sondeo del INE? “Lo que ocurre a mi juicio es que hay una falta de compresión de la ciudadanía del rol que cumple la defensa penal. Se ha intentado estigmatizarla en general siendo en que los defensores se dedican a defender delincuentes y criminales. Entonces en esa perspectiva dicen, ‘mire esta actuación no aparece adecuada para el sistema’. Sin embargo, esa es una percepción equivocada. Muy por el contrario. Los abogados cuando se entienda bien la función de los abogados en la defensa penal pública, la ciudadanía, cada día, como lo percibimos nosotros, va a considerar como un elemento insustituible en un proceso en una sociedad democrática. Si en las épocas pasadas, las personas que eran imputadas de ser subversivos, humanoides, extremistas, si hubiesen tenido un abogado al lado, desde el primer momento respetado en su función, no habrían tantos desaparecidos, no habría existido tanta tortura, tantos presos, porque los abogados podrían haber exigido el cumplimiento de los derechos de las personas que estaban siendo imputadas con cargos ambiguos, poco claros en torno eso.
Para que nunca más ocurra tortura en nuestro país en los cuarteles policiales, desapariciones, acusaciones injustas, lo que hay que hacer es resaltar el principio de inocencia de que todos tengan derechos a un abogado para que exponga sus puntos de vista y controvierta o impugne las actuaciones del Estado al que está persiguiendo. Eso favorece el proceso democrático, porque aquellos que están hoy día están condenados en las cárceles en un nuevo proceso, han tenido la defensa más justa y de mayor calidad. Por ende, nadie puede cuestionar la legitimidad de la respuesta del Estado cuando tiene una persona presa, porque se le dio oportunidad precisamente de tener el mejor defensor. Entonces no hay comprensión, pero cuando conversamos con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, ellos comprenden de mejor manera y estamos haciendo esfuerzos comunicacionales para que así sea”.
ENFERMEDADES MENTALESHablando de estigmatización, el reportaje en Informe Especial reveló la existencia de imputados sin problemas mentales, pero que se encontraban internos en el hospital psiquiátrico. ¿Que criterios usa la Defensoría para solicitar el juez el traslado de su representado a estos centros? “Nosotros somos muy respetuosos y exigentes en el respeto del principio de la inocencia de la persona. En segundo lugar, para poder imputar a una persona la comisión de un delito, esa persona debe tener capacidad penal, capacidad de imputabilidad de ser perseguido, porque si no comprende la Ley, no la podemos tratar como una persona normal o es un inimputable o un semi imputable. Eso hay que hacerlo saber al tribunal. El abogado defensor es el primero que tiene contacto con la persona de confianza luego que ha sido detenida. Este abogado defensor tiene como función limitar el poder punitivo del Estado. No puede dejar de alegar. En la primera conversación que tiene se da cuenta que el defendido no tiene capacidad mental. Pero como él no es un profesional para hacer diagnóstico, va a tener dos posibilidades: que el tribunal sepa del hecho, porque no se puede juzgar a una persona incapaz y por ende señalar al fiscal para que se adopten las medidas, con los exámenes psiquiátricos. O segundo, lo que hace la defensoría es contratar peritos, psiquiatras que puedan hacer diagnósticos adecuados para establecer si esa persona tiene o no capacidad para soportar un juicio que es un deber ineludible que debe saber el defensor. Luego, estos informes periciales se solicitarán a los tribunales. Pero esa prueba puede ser contradicha con los informes del Ministerio Público. Jamás un defensor podrá ocupar ningún acto, inventar pruebas que no sean las que estén enraizadas profundamente en los documentos, los informes periciales. Este es un juicio de credibilidad. Si el abogado no responde a la credibilidad, puede ser sumariado y ser enfrentado a persecución interna administrativa en torno a eso. Jamás un defensor va a inventar una prueba. Si se da cuenta de que el defendido no tiene las condiciones para enfrentar el juicio, lo que va a pedir es una pericia. El tribunal resuelve debe proteger el principio de inocencia y no estamos involucrados en este tipo de situaciones.
Me provoca o me llama la atención la necesidad de contar defensa pública de todos los enfermos que están privados de libertad, no sólo por comisión de delitos, si no que los hospitalizados, que sus derechos y sus garantías probablemente no están siendo defendidos y que es necesario hacerlo visible mediante investigaciones periodísticas cuando esas personas deberían contar con una institución que los proteja”
DEFENSA DE CALIDAD¿Cuáles han sido los resultados de los defensores penales licitados? En Talca se están terminando los paquetes de causas antes de terminar el año. “La fórmula que adoptó el Estado chileno para enfrentar la cobertura de justicia fue un sistema inédito en el mundo entero. Se aplicó un sistema mixto. La defensoría asume un 30 por ciento las causas y en 70 por ciento los privados. El sistema está en evaluación permanente y ha sido bien evaluada. Está rindiendo los frutos. La razón está en que la defensa de calidad es similar en un defensor público con la de un licitado. Están solicitados a las mismas reglas. Estamos siempre analizando perfeccionamientos y en ese sentido, para esta nueva licitación, a todos los que pretendan ingresar como licitados, deberán realizar una prueba que nos permita hacer una selección. También estamos pensando desde el punto de vista económico alargar los plazos de tres a cuatro años y están los monitoreos permanentes. Los defensores penales públicos son la retaguardia, el reemplazo, el soporte, porque son un recurso humano más flexible que el licitado que tiene un número de causas. El defensor público puede especializarse mucho más. Lo que no vamos a dejar son los controles de calidad para determinar que no haya diferencias sustanciales en lo que hacen los defensores licitados con los públicos”.
Los defensores penales en su mayoría tienen un vasto currículum. ¿Quiere decir esto que hay una cierta ventaja con los fiscales? “No tengo esa percepción, Son funciones distintas. Los fiscales investigan. Los defensores tienen la responsabilidad de hacer respetar los derechos de los imputados. Y los defensores penales tiene una obligación mayor, porque normalmente la percepción de la ciudadanía es que se está defendiendo a personas que han infringido la Ley y nosotros tenemos que hacer un doble trabajo para sensibilizar a la ciudadanía de que estamos defendiendo a un ciudadano, no un delincuente y por ello tenemos que convencer a los tribunales para que modifiquen jurisprudencia que pueden ser claramente rigurosas respecto de los derechos de las personas. Entonces al defensor penal público se le exige una vocación especial y una capacidad de estudio, de abrir posibilidades de jurisprudencia distinta mucho más allá que el fiscal y por eso tiene que trabajar mucho más para convencer. Por eso la percepción es que los abogados defensores son de muy buena calidad”.
CÓDIGO PENAL LEJANOUsted es miembro del Foro Penal. ¿En que está la reforma al Código Penal? “El trabajo del foro penal ya terminó. Estuve trabajando en ello por 4 años. Participé desde el comienzo, invitado por la ministra de la época. A comienzos de este año se hizo entrega del ante proyecto al ex Presidente de la República, Ricardo Lagos. Por tanto está en manos del Ministerio de Justicia para su análisis. El anteproyecto indica tanto los principios inspiradores de un nuevo Código Penal, la parte general y lo que es la parte especial, es decir la codificación de todos los delitos con una nueva perspectiva. Pero eso es un trabajo de largo aliento. Tengo entendido que va a estar en la agenda del gobierno para enviarlo en los últimos años de mandato para discutirlo en el parlamento. Pero no hay que hacerse esperanza de que un nuevo Código Penal, que es tan necesario, vaya a salir prontamente, porque está involucrados los valores sustanciales de los cuales se asienta la sociedad chilena. Significa definir qué es delito y qué no es delito. Este es un análisis técnico propuesto, pero la discusión sobre los valores fundamentales va merecer muchos años de discusión. En España se demoraron 20 años desde un anteproyecto hasta la aplicación del código penal de 1995. Entonces no hay muchas esperanzas de que esto vaya a ser muy rápido. Pero algunos aspectos sí podrían ser tomados de ese proyecto del foro penal, como el catálogo de penas que pueden ser estudiados parcialmente. Sin embargo es una decisión gubernamental para enviarlo al parlamento”.
La precaria infraestructura carcelaria en la región se demuestra con la sobre población y estado en que se encuentran estos recintos ¿Urge una nueva cárcel en Talca? “Desde el punto de vista de la dignidad de las personas la situación de las cárceles es insostenible. Hay un hacinamiento de más del 80 por ciento y eso debe ser superado. Hay que cumplir con los estándares de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No se puede mantener en el tiempo las condiciones infrahumanas. Eso no nos puede llevar que la solución al combate de la delincuencia es seguir construyendo más cárceles. Chile es el séptimo país del mundo en donde hay más presos. Son 240 reos por cada 100 mil habitantes. Esta es una situación de que si se sigue pensando de que la cárcel es una solución, es erróneo. Más que construir, se debe trabajar en la justicia social y se debe reflejar en más posibilidades en los niños en educación, en la gente en el trabajo. Ciertamente en Talca es necesario una cárcel, pero no va a resolver las cifras delictuales. El 99 por ciento del presupuesto de gendarmería va destinado al cuidado de los presos y sólo el uno por ciento a la rehabilitación. La situación de Talca de una inversión de 15 mil millones de pesos para atender a mil 500 personas, significa mucho dinero. Más que construir, hay que invertir en cómo evitar que la gente delinca. Estamos preocupados de que hay que hacer más justicia social y menos justicia criminal. La mayor cantidad de delito en esta región son los hurtos, las amenazas, la violencia familiar, lo que demuestra que no están involucrados con la delincuencia dura. Tiene que ver con temas de inclusión, de cultura de resolución de conflictos”.
